sábado, 28 de abril de 2012

Cualquier tiempo pasado no fue mejor en educación

Las últimas iniciativas del gobierno central sobre educación y sanidad han creado inquietud, desconcierto y, en algunos puntos, indignación. De hecho, el aumento de ratio en un veinte por ciento en las enseñanzas no universitarias supone una vuelta atrás difícil de asumir sin recordar otros tiempos que creíamos superados. La medida no es obligatoria, en cuanto que deja la opción a las comunidades autónomas de aplicarla o no. Galicia se ha desmarcado, y el ejecutivo gallego ha afirmado que no aumentará la ratio. Pero los valencianos, con la deuda que arrastra nuestra administración, podemos temernos lo peor.
Hay voces nostálgicas, o desfasadas, que afirman que en la EGB había ratios mayores sin demasiados problemas. Y el profesor daba todas las áreas, en la llamada primera etapa. Yo mismo fui alumno de un grupo con 38 ó 40 compañeros. Afortunadamente, me gustaba la escuela, y no me costaba atender o hacer los deberes.  Pero comparar ambas épocas, los años ochenta y la actualidad, es un ejercicio arriesgado, porque la sociedad ha cambiado enormemente. Consideremos algunos puntos.
La atención a la diversidad simplemente no existía, o estaba iniciándose, más por voluntad de los maestros que por iniciativas legislativas. Muchos alumnos iban descolgándose por el camino, según avanzaban los cursos. El graduado escolar se obtenía a los catorce años, y suponía una bifurcación académica: quien lo obtenía seguía con los estudios de BUP, el Bachillerato Unificado Polivalente; quien no, iba a Formación Profesional o se incorporaba, de manera irregular, al mercado de trabajo, cuya edad legal era dieciséis años.La integración de alumnos con necesidades educativas especiales permanentes no se contemplaba. La LISMI (Ley Integración Social del Minusválido) no se promulgó hasta 1982, y su aplicación en la enseñanza empezó con la LOGSE, de 1990. 
La inmigración, otro factor de diversidad, no había empezado en lo que se refiere a personas de otros países. Sí se daba a nivel interno, entre regiones españolas. Así, yo crecí con alumnos castellanoparlantes que procedían de Andalucía y de Castilla-La Mancha, principalmente. Pero las clases eran en castellano en aquella época, con lo que el tema lingüístico no era una dificultad.
Las familias, en líneas generales, mantenían una estabilidad que ahora no es tan frecuente. Las separaciones y divorcios eran esporádicos; de hecho, los españoles no se podían divorciar hasta la ley del divorcio, creada por el primer gobierno socialista. En la actualidad, en estos tiempos líquidos a que alude Bauman, la solidez de la institución familiar ha decaído hasta extremos inimaginables hace treinta años. Y ese factor afecta al alumnado y a su rendimiento. Además, ocurre que el tiempo transcurrido entre los enlaces y las separaciones disminuye, y los hijos se encuentran con la separación a edades tempranas.
Por otra parte, la consideración social de la escuela era mayor, y las decisiones del profesorado, en general, eran respaldadas por las familias. Esto ocurría por causas diversas; una de ellas, la diferencia de formación entre padres, madres y profesores, que llevaba a los progenitores a aceptar las actuaciones docentes. Otra causa importante era la posibilidad de mejorar el nivel de vida a través del estudio. Todavía participábamos del proyecto de la modernidad, que en España, como sabemos, llegó con cierto retraso; y uno de los déficits más agudos que se arrastraban era el de la educación formal.
En 2012, hemos aprendido a trabajar con la complejidad y con la diversidad. Aunque aún quedan elementos que se refugian en sus "nichos ecológicos" y en la cultura de la queja, la mayoría del profesorado ha aceptado ambas características de nuestra función como docentes: esta es una tarea compleja que exige actuar de manera diversa dentro de un planteamiento general coherente. Hay problemas, evidentemente, y el tobogán legislativo a que aludíamos en algún post anterior no ayuda a su solución. Pero aumentar la ratio es una medida descabellada que obedece a criterios meramente económicos, no pedagógicos. Esta medida, probablemente, servirá para que las escuelas concertadas consigan más alumnos por clase. En muchos centros concertados el número de alumnos no parece ser problema, porque reducen la diversidad (hasta hace poco, no había PT, y el pago de algunos servicios hacía desistir a los inmigrantes con pocos recursos). Otra consecuencia, de aplicarse masivamente, es que las escuelas públicas vean seriamente perjudicada la atención a la diversidad. Si con veinticinco ya cuesta, con treinta será una hazaña. Y entonces, los avances que se han logrado en integración, en inclusión, y que en nuestro sistema educativo no son demasiado sólidos, pueden desmoronarse. Por no hablar del espacio físico de las aulas que, al menos en la CValenciana, ya es bastante reducido y está pensado para grupos de veinticinco, no de treinta. Otro empobrecimiento de la vida escolar.
Pero algunos no verán el problema. Los niños van a clase, están escolarizados. ¿Dónde está el problema? El problema es qué hacemos con esos niños para que su derecho a la educación no se vea reducido al derecho a la escolarización. Esa etapa ya la creíamos superada.

martes, 10 de abril de 2012

El sistema educativo como campo de batalla ideológica

Hace tiempo que, en España, asistimos a un continuo debate sobre política educativa. Este debate se da principalmente entre las dos formaciones políticas que gobiernan alternativamente en nuestro país. En principio, esta discusión podría tener carácter positivo: la educación preocupa, así que está en el centro del debate político. Sin embargo, la confrontación se queda en un ejercicio partidista lleno de lugares comunes.
No ha habido capacidad para llegar a un consenso en temas educativos. El ministro Gabilondo, que lo intentó con buena voluntad y bastante inteligencia, se quedó sin pacto por la negativa del PP a firmarlo. Al parecer, había algunos desacuerdos... pero lo fundamental era compartido por los dos partidos. Una vez más, se imponía la estrategia a corto plazo a una visión más consistente, que permitiera la estabilidad legislativa en educación.
Ahora, el gobierno conservador plantea rediseñar la enseñanza secundaria, ampliando en un año el bachillerato. Además, no quiere seguir sustentando el plan Escuela 2.0 que dotaba de ordenadores a los alumnos de quinto de EP. Algunas comunidades autónomas no se sumaron, en su día, a esta iniciativa (por ejemplo la nuestra, la C. Valenciana, cuya conselleria de educación estaba dirigida por Alejandro Font de Mora) con argumentos más o menos peregrinos. El conseller valenciano alegaba que el tamaño de la pantalla de los ordenadores podía afectar la vista de los niños valencianos. Esta afirmación da una idea del nivel del debate.
Como decimos, desde el gobierno central se da un bandazo en sentido contrario, cortando una iniciativa para incluir las TIC en la actividad cotidiana del alumnado. Como en otros temas educativos, no ha habido un consenso en torno a las TIC y su presencia en las aulas. Estos bruscos cambios de dirección muestran, sobre todo, la falta de una previsión compartida, de una visión más amplia y generosa sobre qué educación se quiere. La misma administración valenciana, con respecto a las TIC y a la informatización de las tareas docentes, ha ido alternando la dependecia de Windows y Microsoft con la implantación de programario libre, Lliurex, sin que haya una línea coherente de actuación.
Todo este desbarajuste político nos lleva a plantear el problema de fondo: se utiliza la educación como campo de batalla ideológico entre opciones conservadoras y socialdemócratas. Hace unos años, en los primeros ochenta, Giorgio Franchi planteaba que el sistema educativo había absorbido las tensiones sociales y reproducía, a una escala menor y más controlada, el enfrentamiento entre ideologías opuestas, especialmente la izquierda revolucionaria de origen comunista o socialista y el liberalismo que, en Italia, estaba en manos de la democracia cristiana.  Las reivindicaciones estudiantiles o del profesorado constituían las manifestaciones de baja intensidad de dicho conflicto. (La instrucción como sistema, ed. española en Laertes, 1988)
Después de veinticinco años, el conflicto ideológico ha permanecido en el sistema educativo, pero los actores han cambiado. Son las formaciones políticas quienes utilizan la educación como escenario de controversia, ya que es un espacio con repercusión en la opinión pública que permite visualizar las diferencias entre partidos. Y esto es así porque la enorme inercia del sistema soporta todo. Se legisla a corto plazo, sin consenso, justamente para hacer evidente lo que separa, no lo que une. Con una economía fuertemente regulada por organismos supranacionales, hay poco margen para la confrontación; por tanto, la educación se convierte en el ámbito del enfrentamiento, incluso de la representación de la diferencia. El problema es que, mientras tanto, el sistema no mejora y las iniciativas no tienen el tiempo necesario para ser evaluadas con calma. Así avanzamos, a bandazos, hacia no sabemos dónde. Aunque, si no sabemos hacia dónde, tampoco sabemos si hay avance o damos vueltas en círculos.

El aula: lugar vivido... ¿Espacio pensado?

El curso pasado se jubiló un compañero de centro, tras casi veinte años en nuestra escuela. Como ocurre tantas veces, pasó esos años en un ...