sábado, 28 de abril de 2012

Cualquier tiempo pasado no fue mejor en educación

Las últimas iniciativas del gobierno central sobre educación y sanidad han creado inquietud, desconcierto y, en algunos puntos, indignación. De hecho, el aumento de ratio en un veinte por ciento en las enseñanzas no universitarias supone una vuelta atrás difícil de asumir sin recordar otros tiempos que creíamos superados. La medida no es obligatoria, en cuanto que deja la opción a las comunidades autónomas de aplicarla o no. Galicia se ha desmarcado, y el ejecutivo gallego ha afirmado que no aumentará la ratio. Pero los valencianos, con la deuda que arrastra nuestra administración, podemos temernos lo peor.
Hay voces nostálgicas, o desfasadas, que afirman que en la EGB había ratios mayores sin demasiados problemas. Y el profesor daba todas las áreas, en la llamada primera etapa. Yo mismo fui alumno de un grupo con 38 ó 40 compañeros. Afortunadamente, me gustaba la escuela, y no me costaba atender o hacer los deberes.  Pero comparar ambas épocas, los años ochenta y la actualidad, es un ejercicio arriesgado, porque la sociedad ha cambiado enormemente. Consideremos algunos puntos.
La atención a la diversidad simplemente no existía, o estaba iniciándose, más por voluntad de los maestros que por iniciativas legislativas. Muchos alumnos iban descolgándose por el camino, según avanzaban los cursos. El graduado escolar se obtenía a los catorce años, y suponía una bifurcación académica: quien lo obtenía seguía con los estudios de BUP, el Bachillerato Unificado Polivalente; quien no, iba a Formación Profesional o se incorporaba, de manera irregular, al mercado de trabajo, cuya edad legal era dieciséis años.La integración de alumnos con necesidades educativas especiales permanentes no se contemplaba. La LISMI (Ley Integración Social del Minusválido) no se promulgó hasta 1982, y su aplicación en la enseñanza empezó con la LOGSE, de 1990. 
La inmigración, otro factor de diversidad, no había empezado en lo que se refiere a personas de otros países. Sí se daba a nivel interno, entre regiones españolas. Así, yo crecí con alumnos castellanoparlantes que procedían de Andalucía y de Castilla-La Mancha, principalmente. Pero las clases eran en castellano en aquella época, con lo que el tema lingüístico no era una dificultad.
Las familias, en líneas generales, mantenían una estabilidad que ahora no es tan frecuente. Las separaciones y divorcios eran esporádicos; de hecho, los españoles no se podían divorciar hasta la ley del divorcio, creada por el primer gobierno socialista. En la actualidad, en estos tiempos líquidos a que alude Bauman, la solidez de la institución familiar ha decaído hasta extremos inimaginables hace treinta años. Y ese factor afecta al alumnado y a su rendimiento. Además, ocurre que el tiempo transcurrido entre los enlaces y las separaciones disminuye, y los hijos se encuentran con la separación a edades tempranas.
Por otra parte, la consideración social de la escuela era mayor, y las decisiones del profesorado, en general, eran respaldadas por las familias. Esto ocurría por causas diversas; una de ellas, la diferencia de formación entre padres, madres y profesores, que llevaba a los progenitores a aceptar las actuaciones docentes. Otra causa importante era la posibilidad de mejorar el nivel de vida a través del estudio. Todavía participábamos del proyecto de la modernidad, que en España, como sabemos, llegó con cierto retraso; y uno de los déficits más agudos que se arrastraban era el de la educación formal.
En 2012, hemos aprendido a trabajar con la complejidad y con la diversidad. Aunque aún quedan elementos que se refugian en sus "nichos ecológicos" y en la cultura de la queja, la mayoría del profesorado ha aceptado ambas características de nuestra función como docentes: esta es una tarea compleja que exige actuar de manera diversa dentro de un planteamiento general coherente. Hay problemas, evidentemente, y el tobogán legislativo a que aludíamos en algún post anterior no ayuda a su solución. Pero aumentar la ratio es una medida descabellada que obedece a criterios meramente económicos, no pedagógicos. Esta medida, probablemente, servirá para que las escuelas concertadas consigan más alumnos por clase. En muchos centros concertados el número de alumnos no parece ser problema, porque reducen la diversidad (hasta hace poco, no había PT, y el pago de algunos servicios hacía desistir a los inmigrantes con pocos recursos). Otra consecuencia, de aplicarse masivamente, es que las escuelas públicas vean seriamente perjudicada la atención a la diversidad. Si con veinticinco ya cuesta, con treinta será una hazaña. Y entonces, los avances que se han logrado en integración, en inclusión, y que en nuestro sistema educativo no son demasiado sólidos, pueden desmoronarse. Por no hablar del espacio físico de las aulas que, al menos en la CValenciana, ya es bastante reducido y está pensado para grupos de veinticinco, no de treinta. Otro empobrecimiento de la vida escolar.
Pero algunos no verán el problema. Los niños van a clase, están escolarizados. ¿Dónde está el problema? El problema es qué hacemos con esos niños para que su derecho a la educación no se vea reducido al derecho a la escolarización. Esa etapa ya la creíamos superada.

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